Qué pasa en Mendoza con la medida del Gobierno nacional para reactivar el sector de la construcción, potenciar el mercado inmobiliario y aumentar contribuyentes.
Por Carla Luna. Prensa Red Edificar
El Gobierno Nacional anunció el blanqueo de capitales para la construcción, medida que dinamiza el sector inmobiliario en su conjunto, ofreciendo nuevos beneficios a los contribuyentes que se adhieran. Esta medida tiene como objetivo impulsar los proyectos en construcción, permitiendo invertir el dinero blanqueado en desarrollos inmobiliarios.
De esta forma, los contribuyentes que no tienen sus activos declarados en el país, podrán blanquear hasta US$100.000 sin abonar ningún impuesto fijo, y sin ningún tipo de penalización por los bienes que no hayan sido declarados, hasta el 31 de marzo de 2025, con la posibilidad de prorrogarlo hasta el 31 de julio de 2025.
Por el momento, la AFIP solo reglamentó la compra de inmuebles en pozo. “Las inversiones directas e indirectas en proyectos inmobiliarios podrán realizarse a partir de la entrada en vigencia del título II de la ley 27.743, incluyendo aquellos proyectos que tengan un avance inferior al 50% de la finalización de la obra” establece el informe.
“Actualmente, el blanqueo solo permite la inversión en viviendas en construcción (en pozo). Nuevas inversiones son elegibles si los proyectos tienen un avance inferior al 50% de la finalización de la obra” manifiesta la economista Elena Alonso de Emerald Capital, quien explica en detalle montos y alícuotas: “Se permite el blanqueo de hasta USD 100.000 sin impuesto. Para montos superiores, las alícuotas son progresivas: hasta el 30 de septiembre de 2024: 5% sobre el excedente, hasta el 31 de diciembre de 2024: 10%, hasta el 31 de marzo de 2025: 15%.”
Con esta medida se espera una dinamización de la demanda de propiedades, una reactivación en la construcción y un aumento potencial de los precios de propiedades nuevas y en construcción en zonas de alta demanda pero la expectativa también esta puesta a nivel global: “Si se amplía para incluir inmuebles usados y a estrenar, se espera que el blanqueo reactive significativamente el mercado inmobiliario y la construcción en Argentina, atrayendo inversores y estabilizando los precios” agregó Elena Alonso quien recomendó: “Las inversiones deben mantenerse en proyectos inmobiliarios hasta el 31 de diciembre de 2025 para evitar el impuesto correspondiente. Y pueden realizarse directamente o a través de terceros mediante boletos de compraventa, escrituras traslativas de dominio y aportes a fideicomisos”.
“Actualmente, el blanqueo solo permite la inversión en viviendas en construcción (en pozo). Nuevas inversiones son elegibles si los proyectos tienen un avance inferior al 50% de la finalización de la obra”.
Se espera que en unos días el blanqueo podría ampliarse, para incluir la compra de inmuebles usados y nuevos a estrenar, ya que diferentes asociaciones inmobiliarias y de la construcción, han solicitado esta ampliación. El Colegio de Escribanos y el Colegio Inmobiliario de Mendoza planifican un encuentro para evaluar los pro y contras de esta medida y brindar asesoramiento en conjunto ya que, si bien la medida reactiva el sector, también presenta resistencia debido a que la historia del país ha dejado huellas no tan positivas para los que hicieron blanqueos de capitales en otras gestiones de gobierno.
“La experiencia del blanqueo de capitales no siempre ha dado resultados positivos, y en Argentina se ha visto condicionada en otras ocasiones por los colores políticos” manifiesta Eduardo Rosta, presidente del Colegio Inmobiliario de Mendoza. Punto coincidente con José Candeloro, presidente de la Delegación Mendoza de CAMARCO (Cámara Argentina de la Construcción): “Es una buena medida para promover el desarrollo e inversión en proyectos inmobiliarios, pero debe ser una política de Estado, para brindar seguridad jurídica a los inversionistas. No todos confían, porque en el blanqueo del 2022, ante el cambio de gobierno, cambiaron las condiciones”.
Del mismo modo que el blanqueo anunciado en el 2022, la resolución incluye tanto proyectos nuevos como aquellos con un grado de avance inferior al 50% al momento de la entrada en vigencia de la ley. De esta manera, este incentivo a la construcción brinda beneficios a aquellas personas que tengan su dinero no declarado en el país y puedan invertirlo en un proyecto inmobiliario. “Asimismo, es una medida auspiciosa para la construcción que genera trabajo, inversión, actividad” agregó Candeloro.
El sector sostiene que el sinceramiento de fondos no declarados y los créditos hipotecarios lanzados hace tres meses, dinamizan la construcción privada. Por su parte, el Gobierno espera ampliar el número de contribuyentes y generar un repunte de la actividad, que mostró una variación interanual de -5,1% del PBI en el primer trimestre, según datos del Indec.
